Decálogo

Decálogo

Desde este desierto desde el que predico, que se parece mucho a escribir unas páginas y dejarlas en la soledad de un parque por si pasa alguien con la misericordia suficiente para cogerlas y la paciencia de leerlas, te voy a endilgar un decálogo como el que propina un zurriagazo.

Ponte en la tesitura que nuestros próceres políticos de todas las tendencias, nuestros asociaciones empresariales y nuestros sindicatos se sentaran en una mesa –que ya es imaginar- y emulando lo acaecido allá por octubre de 1977, cuando la inflación rozaba el 47% y se firmaron los Pactos de la Moncloa, se dignaran estudiar propuestas para salir de esta crisis; por supuesto sin contar con Merkel –perdón, quise decir Europa, en qué estaría yo pensando-, que se está comportando como la madre con síndrome de Münchausen tratando de infligir todo tipo de enfermedades a sus hijos.

Dado que nunca va a producirse tal circunstancia, me tomo la libertad de señalar los diez puntos básicos que a mí me gustaría que sellaran con su firma. Como soñar es gratis. Ahí van:

PRIMERO.-  Previo acuerdo de patronales y sindicatos, reducción de un 10% del salario por parte de los trabajadores. En contrapartida todo empleador se compromete a rebajar un porcentaje del precio en todos sus productos y servicios en idénticas proporción en que incidan sus costes salariales en la formación del mismo, más un pequeño porcentaje adicional por las mejoras de eficiencia, productividad y gestión comercial. En suma que si el salario en la empresa baja de 100 a 90, y la incidencia del total coste trabajo en la formación del precio final es del 30% , debería bajar sus precios un 3%, más el porcentaje adicional comprometido, ejemplo un 2% más, en total bajada de precios un 5%.

Todo ello contrastable, auditado y certificado en cada empresa por empresario y trabajadores. Comprometiéndose las empresas clientes a no comprar a las empresas proveedoras si no cumplen el compromiso.

SEGUNDO.- Siempre por acuerdo de patronal y sindicatos y, en empresas con más de 100 trabajadores: Supresión a rajatabla de horas extras y, además reducción del horario de trabajo diario (jornada) entre un mínimo de quince minutos y un máximo de sesenta –a elección de cada trabajador- en toda la plantilla, con reducción porcentual de salario. Como contrapartida el empleador dará trabajo a un número de desempleados igual al salario ahorrado con la reducción de jornada de la plantilla actual. El acuerdo debería durar, al menos un año.

Con estas dos primeras medidas se conseguiría un incremento de la productividad y una pequeña deflación indirecta, ya que no podemos deflactar la moneda. Además aliviaría las cifras de paro y, de consuno, los costes para el estado del subsidio de desempleo. También animaría las exportaciones al ser más competitivos en precio.

TERCERO.- El Banco de España impondrá a las instituciones financieras un calendario de provisiones respecto a inmuebles adjudicados en pago de créditos incobrables de un 20% anual, considerando nulo el valor del inmueble adjudicado si al cuarto año el bien sigue en cartera.

A su vez, la Administración Pública acudirá en subasta pública a la baja para la compra de 100.000 pisos de unos 80 metros cuadrados, en todas las ciudades de España y en los barrios en que los inmuebles están más baratos, según necesidades de cada lugar. La puja se abre con el 120% del valor catastral y a la baja. Para financiar esta compra el estado y las comunidades autónomas emitirán empréstitos a 30 años pagando capital e intereses mensuales a los bancos y cajas que hayan resultado rematantes. Estos pisos se alquilarán a jóvenes menores de 35 años con salarios inferiores a 1,5 veces el salario profesional o que carezcan de salario –en todo caso con avales- por un precio módico al mes que, al menos cubra el gasto del empréstito. En todo caso, en el plazo de cinco años deberán abandonarlos, sea cuál sea su trayectoria salarial o profesional. Y, por supuesto se vigilará su correcta utilización, que no se realquilen, etc. Para eso tenemos funcionarios en número y en formación suficientes.

Es la única forma de desovillar la madeja inmobiliaria porque las entidades financieras tendrán que poner los pisos adjudicados a la venta o dar pérdidas. Verás que pronto se cruza la oferta y la demanda, porque demanda hay, lo que falta es el precio. Que los bancos darán pérdidas durante dos o tres años, sí, pero se librarán de los activos tóxicos y cobrarán durante treinta años los empréstitos del estado y mes a mes. Actualmente, aguantando en el balance a que escampe o a que el estado cree un banco malo y les paguemos de nuestros bolsillos 186.000 millones de €, no hacen más que meter la cabeza debajo del ala y gastar en seguridad, deterioro por el paso del tiempo, comunidades de propietarios, impuestos, etc. Algunas Cajas de ahorro no aguantarán, Mejor, que las nacionalicen ya o que las vendan al mejor postor. En todo caso va a ocurrir en un próximo futuro y nos saldrá más caro.

CUARTO.- Plan inmediato de inversión pública productiva a cuatro niveles básicos:

-Infraestructuras ferroviarias: Plan de mercancías ferroviarias. En cinco años el 80% de las mercancías que se mueven en España deberían circular a través del ferrocarril y unir puertos marítimos, puertos secos, aeropuertos y mercados centralizados en las grandes ciudades. Para la distribución interior en ciudades establecer el uso de vehículos eléctricos o híbridos de pequeño tonelaje.

-Infraestructuras básicas diversas: Acceso barato universal y formación básica y en TICs (Adsl, internet). Utilización masiva en ciudades, carreteras, edificios públicos, juzgados, registros, etc. de las tecnologías de la información para ahorro de costes. Infraestructuras para mayores e impedidos en ciudades y en casas (rampas, ascensores, etc.). De ahorro energético: Paneles solares en edificios, ventanas climáticas, cambios de caldera por otras más eficientes y ecológicas.

-Aplicación de la dependencia: Inversión en guarderías, residencias de ancianos, etc. Utiliza gran cantidad de mano de obra y las economías de escala son muy importantes.

-Mantenimiento del presupuesto de I+D. Con proyectos entre Universidad, Institutos Públicos diversos y empresa privada, pero con control público riguroso y por funcionarios que no pertenezcan a la universidad. Con objetivos evaluables y con un estudio del retorno social en cada caso.

-Desarrollo agrícola y fomento rural: Inversiones concretas, mediante un banco público específico –con la participación de las Cajas rurales- que controle los flujos financieros y los gastos, para la consecución de una industrialización media de la agricultura tan diversa e importante de España. Vía cooperativas, empresas mixtas, de capital riesgo, etc. En suma, se trata de una primer paso para crear industrias que con la colaboración laboral y de capital del agricultor, elabore productos con las materia primas que cosecha o recoge, con vistas a culminar un tercer proceso para comercializar directamente los productos elaborados a través de grandes superficies.

¿De dónde se saca el dinero?: De la persecución del fraude fiscal, del Banco europeo de construcción y desarrollo, de la reducción de gastos en las Administraciones públicas, de la participación del empresario privado, de la mejora en la recaudación fiscal en cuanto se pongan en marcha las medidas y, en última instancia, emitiendo más deuda.

QUINTO.- Plan de agilización y transparencia en todas las Administraciones Públicas.

-Armonización fiscal de todas las CCAA y ayuntamientos para tener un mercado único.

-Armonización de exigencias administrativas tanto para ciudadanos como para empresas, con el fin de que en el plazo de dos años tener una ventanilla única para la constitución de empresas y puesta en marcha de autónomos.

-En un año, el 90% de las gestiones con las Administraciones puedan realizarse por internet. En cinco años el 99%.

-En dos años, todos los documentos públicos generados por una Administración, sean concursos, adjudicaciones, actas, certificaciones, expedientes, etc. han de estar digitalizados y puedan ser consultados por cualquier ciudadano. Quién, en su caso, podrá solicitar aclaraciones al respecto.

-Todos los gastos y todos los pagos, hasta el más nimio como es la compra de un bolígrafo, debe poder ser consultado por el administrado y hacer un seguimiento del mismo desde que se solicita con sus causas, se autoriza, se aprueba y se produce.

-Prohibición de constitución de empresas de comunicación de ningún tipo por ninguna administración, salvo RTVE del estado, que deberá ceder sus señales algunas horas al día a las CCAA por lo de las lenguas.

-Todas las Administraciones deberán rellenar unos estados específicos mensuales, trimestrales y anuales que darán cuenta del cumplimiento de los objetivos políticos y de gestión fijados, así como de la ejecución de los presupuestos. Dichos modelos serán elaborados por expertos y serán aprobados por Ley en el Parlamento. Y serán idénticos para cada clase de administración, para evitar dar pábulo a la ingeniería política, empresarial o financiera que propician sistemas y programas como el Power Point. Por supuesto dichos estados estarán a disposición del ciudadano a través de internet.

SEXTO.- Acuerdos estrictamente políticos:

 -Sin duda, es preciso remendar la Constitución para terminar  con la bomba de relojería que nos dejaron nuestros constituyentes, me refiero al Título VIII, sí, el de la Organización Territorial del Estado. Está sin cerrar y cada tanto los nacionalistas –insaciables- quieren más y más. Deben fijarse de una vez por todas, y en la Carta Magna, cuáles son las competencias que ha de gestionar cada Comunidad y cuáles corresponden al Estado, así como el control de los ingresos y de los gastos; abolir los beneficios fiscales de algunas CCAA., y establecer los instrumentos de cooperación y arbitraje para que no se solapen o queden en tierra de nadie determinadas competencias o determinados servicios. De forma que si en el futuro hubiera que modificar competencias, sería necesaria la reforma constitucional.

-Borrar de un plumazo el Senado, un órgano huérfano de competencias; las Diputaciones provinciales, cuyas competencias habrían de asumir las CCAA; y agrupar los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes

-Regular la democracia dentro de los partidos y las consecuencias de no ejercerla debidamente, así como establecerles un techo de gasto. No se admiten las  donaciones porque, en realidad, son cohechos impropios. Nadie da nada si no espera nada a cambio.

-Reforma de la ley electoral para establecer un sistema de listas abiertas con el fin de que cada elegido lo sea por una circunscripción y trabaje por y para ella, de forma que, a veces, como en el sistema anglosajón, tenga que votar en contra de su partido. Regular la proporcionalidad de forma más objetiva en función de los votantes reales de cada circunscripción y, de paso, evitar el excesivo, e incongruente, peso que tienen los partidos nacionalistas, que siempre son la llave de las mayorías a cambio de transferencias y otras naderías.

-Volver al viejo sistema funcionarial: Exigiendo que el político no pueda remover a los técnicos: de Jefe de Servicio para abajo. Tampoco podrán contratarse ni consejeros ni otras figuras atípicas. Ni se admita el troceamiento de los concursos para saltarse los límites.

-En cuanto a la corrupción. Por cada político que sea declarado culpable de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, etc. por sentencia firme durante el ejercicio de su cargo institucional en cualquier administración, el partido que lo nombró, con independencia del número de años transcurridos desde los hechos hasta la sentencia, deberá pagar a las arcas del estado una multa de 30 veces el monto de lo prevaricado por el miembro del partido.

SÉPTIMO.- Eliminación de gastos suntuarios en las Administraciones Públicas.

-Supresión de las tarjetas en la Administración Pública. El cargo político tendrá las dietas que corresponda a un funcionario de su nivel. Todo lo que exceda tanto en manutención, hoteles, etc. lo pagará de su bolsillo. No se admiten ningún tipo de gastos de representación. Sólo los presidentes del Gobierno y sus ministros, los presidentes de CCAA y sus consejeros, tendrán coche oficial y una cifra módica para gastos de representación que, obviamente, habrán de justificar y cuyos justificantes se subirán a internet en el plazo máximo de un mes. Cualquier invitación que reciba el cargo político para la asistencia de un evento que cueste dinero deberá rechazarla, en caso contrario, la sorteará entre los funcionarios que dependan de su área específica.

-Ninguna partida presupuestaria ni directa ni indirectamente podrá destinarse a subvenciones o pagos de corridas de toro, contratación de grupos o cantantes musicales para la exclusiva animación de fiestas, etc.

-Se eliminarán todos los alquileres de edificios en el plazo más breve posible y se emplazará a los funcionarios en edificios propiedad de las Administraciones. Se intentará en la medida de lo posible que dichos edificios además sean utilizables para diversas funciones a lo largo de las 24 horas del día. Por cada edificio se fijará un plan de ahorro energético, de mobiliario de oficina,  de seguridad, etc.

-Para la conciliación laboral y familiar, se establece que el horario de oficina del funcionario de las Administraciones públicas será desde las 8:00 de la mañana a las 17:30 de la tarde, con una hora para comer, pudiendo elegir el funcionario, siempre que las exigencias administrativas lo permiten, el horario establecido dentro de ese tramo.

OCTAVO.- Fraude fiscal y economía sumergida:

Modular un plan para la persecución del fraude fiscal, que contemple la contratación de más inspectores por un lado y, por otro, el incremento de las sanciones, entre otras, las de prohibir a los infractores contratar con las Administraciones Públicas y, el de ser funcionario a los administradores de la sociedad o particulares concernidos. Según la Organización Profesional de Inspectores de Finanzas, el fraude fiscal anual ronda en España los 70.000 millones de €. Teniendo en cuenta que el coste de toda la sanidad española es de 60.000 millones de € al año, y dado que las infracciones fiscales prescriben a los 4 años, estamos hablando de un fraude de  280.000 €. Cifra con la que podríamos amortizar la mitad de la deuda española de una sola tacada.

-Y otro plan para emerger la economía sumergida que, según estudios de Funcas, entre otros, supera el 20% del PIB. Para ello habría que sancionar no sólo a las empresas y autónomos que no pagan impuestos, sino también a las empresas y particulares que, a sabiendas, cooperan o llevan a cabo transacciones con las mismas.

NOVENO.- Reforma fiscal:

 -Armonización fiscal entre las CCAA, antes de que llegue la tan esperada armonización europea. Por aquello –repito- del mercado único, porque la actual jauría fiscal desincentiva la inversión española y extranjera y provoca distorsiones en el mercado, falta de transparencia y, el corolario de todo ello es,  ineficacia.

-Reforma del IRPF: En cuatro aspectos:

1.- No se admiten deducciones de ningún tipo para rentas superiores a 26.000 € anuales

2.- A partir de 200.000 € y hasta 1 millón de € anuales, los tipos se incrementarán del 45% al 80%. A partir de ahí, el 90%.

3.- Se considerará salario en especie la utilización de coches de empresa fuera del horario comercial, aviones de empresa, dación de acciones -sin deducción alguna- utilización de residencias de vacaciones u otras que no constituyan la vivienda habitual –que ya está regulada-, gimnasios externos, clubs diversos, regalos o cualesquiera otros recibidos en razón de cargo o relación profesional con la empresa.

-4.- Rentas de capital: Al 19%, pero a partir de una determinada cantidad anual, se irán incrementando los tipos proporcionalmente, hasta el 30% como máximo.

-Reforma del Impuesto sobre sociedades:

1.- Eliminar la mayor parte de las deducciones porque son un coladero.

2.- Se considerará suntuario los pisos para utilización de administradores o directivos, cuyo valor catastral supere una determinada cifra, así como coches a partir de determinada cilindrada, aviones u otros medios de transporte que puedan considerarse de lujo, o que  sin serlo se utilicen para servicios extraños a la actividad mercantil de la empresa, se incluyen todo tipo de pagos por servicios o productos ajenos a la actividad mercantil de la sociedad.

-Reforma del sistema fiduciario: Esto es, el parné

1.- No se admitirán pagos en efectivo superiores a 1.000 €.

2.- Fijar un plazo máximo de dos semanas para la prohibición de circulación en territorio español de billetes cuyo valor facial sea de 500 €.

3.- Establecer las bases para acometer en un plazo razonable la traslación del dinero en papel a dinero electrónico, que evitará la corrupción y el fraude al exigir el nif del ordenante y el nif del que recibe la fiducia. Como ambos nif quedarán glosados en soporte digital, su seguimiento es sencillísimo y mortal para los amigos del fraude, los delitos y las corruptelas.

DÉCIMO.- Europa:

 Exigir de Europa cinco premisas básicas:

1.-Fijación de unas bases y unos plazos para asumir entre todos una fiscalidad más armoniosa, respetando alguna singularidad nacional.

2.-Crear de forma inmediata un Tesoro Público europeo que pueda darle al manubrio de crear dinero.

3.-Emitir hoy, mejor que mañana, deuda pública en forma de Eurobonos para la financiación básica de los estados miembros.

4.-Establecer una tasa para las transacciones financieras, regulación del mercado financiero mediante impuestos “abusivos” a la economía virtual y exigencia de llevar la contabilidad de todos los productos financieros y sus contrapartidas.

5.-Prohibición de contratar y transar, a empresas europeas y aquellas que vendan sus productos en territorio europeo, en paraísos fiscales o en países que denieguen información financiera de ciudadanos o empresas europeas.

Es todo lo que quería predicar hoy, en este desierto, justo dos días antes de las elecciones, a sabiendas de que ya no nos salvan ni las prédicas.

Amén.

J. Carlos

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2 Respuestas a “Decálogo

  1. No parece que vayan a ir por ahí los tiros. Ay.

  2. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Angelica

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